El ‘consejo de sabios’ de Google celebra su primera audiencia pública en Madrid. En apenas tres meses ha recibido más de 120.000 peticiones de eliminación de datos

En los apenas tres meses que han pasado desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconociera el derecho al olvido, Google ha recibido más de 120.000 solicitudes de eliminación de datos personales. Unas cifras que se multiplican por tres si hablamos de enlaces, pues cada requerimiento afecta a una media de entre 3 y 3,5 URLs. Así, a 1 de septiembre se había solicitado la eliminación de 457.000 enlaces, según datos facilitados por la compañía en Madrid.

Es el resultado de la sentencia emitida por el tribunal de Luxemburgo en respuesta a la solicitud del español Mario Costeja, que reconoce que los ciudadanos tienen derecho a reclamar a Google y otros motores de búsqueda la retirada de la página de resultados de los enlaces a informaciones que consideren lesivas para su imagen y que ya no son pertinentes, incluso si tal información es veraz y lícita y el sitio web de origen no la elimina.

En el caso de Costeja, se trataba de un embargo ya resuelto que aparecía en la primera página de resultados. A tal efecto, Google habilitó un formulario, y debe estudiar caso por caso si considera justificada la aplicación del ‘derecho al olvido’. Según datos de la compañía, hasta el momento han sido admitidas un 55% de las peticiones, de las que la mitad ya han sido realizadas, y el resto están en curso. Un 30% de las solicitudes han sido rechazadas, y en el 15% restante, se ha inquirido más información al peticionario.

La compañía reconoce estar encontrando importantes dificultades para cumplir con la sentencia, no solo por tener que estudiar individualmente cada solicitud, sino porque éstas implican cuestiones de carácter técnico, legal o ético que están llevando a tomar a Google decisiones sin saber si son del todo acertadas.

Un ‘comité de sabios’

Por este motivo, la empresa estadounidense ha creado el Consejo Asesor de Google sobre Derecho al Olvido, una suerte de ‘comité de sabios’, constituido por expertos en diferentes materias, que durante cuatro meses analizará y debatirá la información con el fin de consensuar unas recomendaciones para aplicar la sentencia de la forma más correcta. Este consejo está formado, entre otros, por el presidente ejecutivo de Google, Eric Schmidt, el fundador de la Wikipedia, Jimmy Wales, ex relator especial de Naciones Unidas,Frank La Rue, la directora de redacción de ‘Le Monde’, Sylvie Kauffmann, o el catedrático de Derecho y ex director de la Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Piñar.

Se trata de un comité abierto, que recogerá las opiniones de otros expertos europeos y de ciudadanos, y lo hará a través de una gira, cuya primera parada ha sido este martes en Madrid. Una reunión de casi cinco horas con apenas 10 minutos de descanso durante la que el Consejo Asesor ha escuchado las reflexiones de juristas, historiadores y periodistas españoles en torno a la aplicación de la sentencia.

Buena parte de los expertos asistentes han incidido en la dificultad que implica la sentencia, en tanto en cuanto Google se ve obligado a dilucidar en cada petición si es aplicable el derecho al olvido, o si deben pesar más otros como el derecho a la información, el interés público o la memoria colectiva.

Derecho al olvido o al arrepentimiento

“El derecho al olvido parece una derivación del derecho a oposición o cancelación en un entorno analógico”, ha expuesto la abogada y vicepresidenta de la Asociación Española de Profesionales de la Privacidad, Cecilia Álvarez. Un derecho al que, a su juicio, el tribunal ha primado, mientras ha “pasado de puntillas” por la Carta Europea de Derechos Humanos, cuando ésta ya contempla restricciones cuando hay una colisión de intereses. “Se ha dado la vuelta a la tortilla, de forma que ahora cualquier otro interés debe justificarse ante la protección de datos”.

Para Álvarez, es imprescindible estudiar cada caso analizando el contexto temporal en que se produjo y valorar el impacto que tiene actualmente en la persona. “Un algoritmo no basta para resolver si debe aplicarse el derecho al olvido”, ha afirmado Álvarez, quien también cree que el caso podría haberse resuelto con la obligación de añadir una actualización o aclaración junto a la información potencialmente lesiva.

Álvarez cree que en ocasiones se apela al ‘derecho al olvido’ cuando en realidad sería más correcto hablar de “derecho al arrepentimiento”, en referencia a actividades realizadas por usuarios en la Red en momentos en que la sociedad no estaba tan digitalizada, y que hoy permanecen accesibles y pueden dañar su imagen, por ejemplo, “fotos de borracheras” en los inicios de Facebook.

Derecho al olvido

La importancia de los detalles para la historia

La historiadora Milagros del Corral ha destacado la relevancia de Google para la investigación histórica, cultural y científica, así como la importancia de algunos datos “aparentemente irrelevantes” pero fundamentales para entender sociedades pasadas, de modo que “su eliminación podría suponer una distorsión de la Historia”.

Para Del Corral, la aplicación del ‘derecho al olvido’ puede suponer la eliminación de información relativa a sucesos desagradables para personas que, sin embargo, son importantes para estudiar el pasado. “Podría darse el caso de que un periodo tan turbulento como el que vivimos actualmente fuera visto por la gente del siglo XXII como una Arcadia utópica”.

En este sentido, ha sugerido como solución aplicar plazos, igual que se hace con ciertas informaciones clasificadas, de forma que Google podría retirar un enlace ahora y reponerlo dentro de 25 o 50 años.

Google, juez y parte

“La sentencia puede entenderse como una autorización a Google para valorar el derecho de la privacidad de los individuos, de forma que se convierte en juez y parte”, ha afirmado Alberto Iglesias, doctor en Derecho y uno de los ponentes en Madrid. “Otorga al buscador el papel de editor al obligarle a estudiar los enlaces” y con ello, se ve obligado a asumir el papel de garante de la libertad de expresión o la lucha contra la censura, un papel que, a su juicio, deben asumir los Estados con el apoyo de las compañías editoriales y los periodistas.

Para Iglesias es necesario abrir un debate de cara a redactar una futura normativa específica para los buscadores, donde se regule su papel. Mientras esto se resuelve, propone como solución que los enlaces considerados lesivos en lugar de aparecer en la primera página de resultados de la búsqueda lo hagan por ejemplo en la séptima. “De este modo se preservarían ambos derechos y es una forma más útil, rápida y eficaz”.

“Fisgoneo digital”

Luis Javier Mieres, letrado del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, ha resaltado por su parte que la sentencia no obliga a eliminar la información, sino el enlace a la misma si se busca por el nombre de la persona; de modo que la información sigue existiendo y puede accederse a ella con otras búsquedas. “No se borran fuentes, no se reescribe el pasado, simplemente se limita el acceso a la búsqueda por nombre”, ha señalado en la misma línea el magistrado del Supremo Pablo Lucas Murillo de la Cueva.

Mieres considera que eliminar estos enlaces es una manera eficaz de combatir el “fisgoneo digital”, en el sentido de que la primera página de resultados de una búsqueda por nombre y apellido pueden dar una visión de la vida de una persona potencialmente lesiva. “Por ejemplo, una persona privada que ha cumplido condena tiene derecho a la resocialización, a que si se busca por su nombre se elimine la remisión a condenas pasadas”. Una visión que ha generado debate sobre si deben aplicarse los mismos criterios para delitos como el genocidio o la pederastia.

Fuente: El Mundo (http://www.elmundo.es/tecnologia/2014/09/09/540f548ee2704e32188b4588.html)

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